Cómo deben actuar las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas

Un acta acuerdo presentada por la ministra Nilda Garré señala, entre otros puntos, que la intervención de las fuerzas policiales será progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta, que siempre los poderes ejecutivos deberán designar a un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones; además se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego a todo el personal policial que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, y que los efectivos policiales deberán garantizar la libre cobertura de los medios de prensa y quedando prohibido impedir la toma de fotografías, imágenes o testimonios.

 

La ministra de Seguridad, Nilda Garré, presentó ante los ministros de Seguridad de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como ante los jefes de todas las fuerzas de seguridad del país, la propuesta de un acta-acuerdo en la que se establecen las bases de actuación de las fuerzas de seguridad ante manifestaciones públicas. El texto señala, por ejemplo, que la intervención de las fuerzas policiales será progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la protesta; que siempre los poderes ejecutivos deberán designar a un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones, se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego a todo el personal policial que pudiera tener contacto directo con los manifestantes, quedando prohibido el uso de pistolas lanzagases; las postas de goma sólo podrán usarse para fines defensivos; todo el personal policial debe estar identificado y esa identificación debe verse claramente sobre el uniforme; habrá un funcionario policial a cargo de la operación y otro funcionario a cargo del control; en las manifestaciones previstas tendrán que establecerse barreras (vallas) para salvar la integridad de los manifestantes y evitar que haya terceras personas perjudicadas; se prohíbe la utilización de vehículos no identificados; todos los detenidos deberán ser transportados en patrulleros o vehículos específicos; los efectivos policiales deberán garantizar la libre cobertura de los medios de prensa y queda prohibido impedir la toma de fotografías, imágenes o testimonios.

La primera reunión plenaria del Consejo Nacional de Seguridad empezará hoy a las 9.30 de la mañana en el Salón Gaudí del City Tower Hotel de la calle Bolívar, en pleno centro porteño. Garré encabezará un encuentro en el que estarán presentes todos los ministros de Seguridad del país, los jefes de las policías provinciales y los titulares de las fuerzas federales, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como funcionarios del Registro Nacional de Armas; la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El temario será muy extenso y abarca dos protocolos: uno, el de preservación del lugar del hecho o escena del crimen, y el segundo, de evaluación psicológica de los integrantes de las fuerzas de seguridad. En ambos temas, la experiencia ha mostrado errores en los años recientes. En forma sistemática se alteraron elementos claves de los lugares donde se producen delitos, al punto que los casos de contaminación son mayoría: aparecen perfiles genéticos y huellas de identidad del personal que interviene en las investigaciones; se pierden rastros, proyectiles y otras evidencias sustanciales para esclarecer los casos. En forma paralela, ante la presión por incorporar más y más efectivos, ha ocurrido que se incorporan a las fuerzas de seguridad individuos con gravísimos problemas psicológicos y que incluso registran serios antecedentes penales.

Desde el punto de vista del combate del delito, habrá dos temas que serán abordados con mucho detenimiento: la trata de personas y el combate al narcotráfico. El Ministerio de Seguridad de la Nación llevará protocolos y documentos para poner a consideración de todos los participantes, que son los ministros y funcionarios que tienen bajo su responsabilidad la conducción de las fuerzas de seguridad en cada distrito y a nivel nacional. En el equipo de Garré había anoche satisfacción porque estarán presentes tanto los ministros de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, como el porteño, Guillermo Montenegro.

Garré realizará la presentación inicial y uno de los puntos clave del temario será el acta-acuerdo denominada Criterios Mínimos sobre la Actuación de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas. El texto se basa en considerandos en los que se plantea como prioridad la vigencia de los derechos humanos, la preservación de la vida, los Códigos de Conducta aprobados por las Naciones Unidas e incluso el Acuerdo para la Seguridad Democrática, suscripto por referentes de casi todas las fuerzas políticas argentinas. Sobre esas bases, se propone el acta-acuerdo, ya que el Consejo Nacional de Seguridad tiene entre sus funciones proponer doctrinas y planes para las acciones y operaciones policiales.

El acta-acuerdo propone criterios muy concretos frente a las manifestaciones públicas:

El objetivo es el respeto y protección de los participantes, así como reducir las afectaciones que puedan causar las manifestaciones en derechos de otras personas y bienes públicos.

Se buscará garantizar el control del tránsito para minimizar los inconvenientes para personas ajenas y reducir la posibilidad de hechos de violencia con los manifestantes.

Se agotarán todos los recursos para garantizar la resolución de los conflictos que no implique daños a la integridad física de las personas. Por ello, la intervención de los cuerpos policiales debe ser progresiva, comenzando por el diálogo con los organizadores de la manifestación.

La negociación con los organizadores no podrá estar en manos de quien conduzca el procedimiento operativo policial.

Cuando las manifestaciones sean programadas o con amplia concurrencia o cuando se prevean riesgos potenciales, el Poder Ejecutivo deberá designar un funcionario político responsable de coordinar todas las acciones y hacer cumplir las normas.

No podrán participar en los operativos los policías que se encuentren bajo investigación por casos anteriores de uso excesivo de la fuerza. Deberá existir una capacitación previa del personal que intervenga.

Se establecerá claramente la prohibición de portar armas de fuego. El personal que intervenga no dispondrá de municiones de poder letal. La utilización de pistolas lanzagases está prohibida. Se considerará falta grave la utilización de armamento o munición no provista por la institución correspondiente.

Las postas de goma sólo podrán ser utilizadas con fines defensivos en caso de peligro para la integridad física de algún miembro del personal interviniente. No se puede utilizar ese material para dispersar una manifestación.

Los agresivos químicos y antitumultos sólo podrán ser utilizados en última instancia y siempre previa orden del jefe del operativo.

Todo el personal interviniente deberá portar identificación clara que pueda advertirse a simple vista en los uniformes.

Todo el personal que intervenga será previamente individualizado y se registrarán el armamento, la munición, los vehículos, los equipos y los aparatos de telefonía celular.

La responsabilidad operativa y la de control recaerá en funcionarios policiales diferentes.

Se establecerán con claridad los canales de comunicación de las fuerzas policiales y se registrarán esas comunicaciones.

En operativos programados, se dispondrán barreras físicas (vallas) que ayuden a preservar la integridad física de los manifestantes y los efectivos policiales.

Se dispondrá que, siempre que los riesgos para el personal no lo desaconsejen, que los cuerpos especiales (policía montada, canes, infantería) se mantengan a distancia prudente de la manifestación y sólo intervendrán en caso de que las condiciones lo exijan.

Se prohíbe expresamente la utilización de móviles que no se encuentren debidamente identificados. Si hubiera detenidos, éstos sólo podrán ser trasladados en patrulleros o vehículos específicos.

Se velará por el respeto de grupos que requieran una protección especial de sus derechos, tales como niños, jóvenes, mujeres, ancianos, pueblos originarios y personas con capacidades diferentes.

Los efectivos de seguridad deben garantizar la actividad periodística. Los periodistas no podrán ser molestados, detenidos ni trasladados. El personal actuante debe abstenerse de realizar acciones que impidan el registro de imágenes o la obtención de testimonios.

El espíritu general del texto es “la voluntad de no reprimir la protesta social, garantizar la libertad de expresión y atender a las causas de los conflictos por vías políticas y no violentas de entendimiento”. Habrá que ver si este primer encuentro de todos los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad sienta las bases para una forma de actuación común en todo el país.

 

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